Contra las propuestas del Gobierno, la oposición patronal y la Sociedad Rural
El vencimiento de los plazos legislativos para tratar las facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo ha reavivado la discusión sobre el tema de las retenciones agropecuarias, en particular la de los granos.De un lado la Sociedad Rural, junto al resto de las entidades empresarias que constituyen la Mesa de Enlace (Coninagro, CRA y Federación Agraria) proponen una política que tiende a liquidar las retenciones: 0% de retención para trigo, maíz y girasol y bajar la retención a la soja en 10 puntos (del 35% al 25%) para todos los productores sin distinción....
Este proyecto contaría, más allá de ciertos matices, con el apoyo de la oposición patronal parlamentaria de los radicales, la Coalición Cívica, PJ disidente, PRO y el PS, entre otros.Esta propuesta, que según lo han señalado los dirigentes de las entidades, apuntaría en un futuro a una eliminación total de las retenciones para sustituirlas por algún otro impuesto como el impuesto a las ganancias (que las empresas viven evadiendo), es bendecida por miembros de la patronal industrial más concentrada nucleada en la AEA, con los que la Mesa de Enlace tuvo una reunión hace pocos días y donde los representantes de Arcor y Techint, le ofrecieron sus servicios para tender un “puente de plata” hacia el resto de las centrales empresarias (la UIA, las asociaciones de bancos y las cámaras de la construcción y del comercio). (Clarín 21-07-09). De imponerse esta política dejarían de entrar en las arcas estatales alrededor de U$S 3.000 millones. Es lisa y llanamente un pedido de exención hacia las patronales rurales, que siguen la letra de las industriales que luego de años de ganancias extraordinarias ahora reclaman subsidios de todo tipo con la excusa de no despedir trabajadores o se escandalizan ante un mínimo pedido de aumento en el salario mínimo. Los supuestos beneficios para los pequeños productores en el caso de la soja, en realidad son el “engaña pichanga” para encubrir que lo que se busca en la negociación con el gobierno es favorecer a las grandes patronales.Consecuentes con su política, las entidades integraron dirigentes a las listas de partidos patronales como la UCR, el Acuerdo Cívico y Social y el PRO, que han vivido entregando al país y favoreciendo la expoliación de los grandes capitalistas en el campo y la ciudad. El gobierno K ha puesto el grito en el cielo, nuevamente con el “doble discurso”. Los K no están pensando en los presupuestos de salud o educación, la campaña contra el hambre, la generación de empleo o la “seguridad alimentaria”. Por el contrario: cada vez hay más hambre y pobres en un país agroexportador, mientras el gobierno favorece a los grandes pulpos del negocio agroalimentario, desde la producción, industrialización, exportación y comercialización. Están pensando en destinar esa plata para pagar los abultados vencimientos de deuda externa que tienen en este segundo semestre y seguir alimentando la caja destinada al clientelismo político.
Este proyecto contaría, más allá de ciertos matices, con el apoyo de la oposición patronal parlamentaria de los radicales, la Coalición Cívica, PJ disidente, PRO y el PS, entre otros.Esta propuesta, que según lo han señalado los dirigentes de las entidades, apuntaría en un futuro a una eliminación total de las retenciones para sustituirlas por algún otro impuesto como el impuesto a las ganancias (que las empresas viven evadiendo), es bendecida por miembros de la patronal industrial más concentrada nucleada en la AEA, con los que la Mesa de Enlace tuvo una reunión hace pocos días y donde los representantes de Arcor y Techint, le ofrecieron sus servicios para tender un “puente de plata” hacia el resto de las centrales empresarias (la UIA, las asociaciones de bancos y las cámaras de la construcción y del comercio). (Clarín 21-07-09). De imponerse esta política dejarían de entrar en las arcas estatales alrededor de U$S 3.000 millones. Es lisa y llanamente un pedido de exención hacia las patronales rurales, que siguen la letra de las industriales que luego de años de ganancias extraordinarias ahora reclaman subsidios de todo tipo con la excusa de no despedir trabajadores o se escandalizan ante un mínimo pedido de aumento en el salario mínimo. Los supuestos beneficios para los pequeños productores en el caso de la soja, en realidad son el “engaña pichanga” para encubrir que lo que se busca en la negociación con el gobierno es favorecer a las grandes patronales.Consecuentes con su política, las entidades integraron dirigentes a las listas de partidos patronales como la UCR, el Acuerdo Cívico y Social y el PRO, que han vivido entregando al país y favoreciendo la expoliación de los grandes capitalistas en el campo y la ciudad. El gobierno K ha puesto el grito en el cielo, nuevamente con el “doble discurso”. Los K no están pensando en los presupuestos de salud o educación, la campaña contra el hambre, la generación de empleo o la “seguridad alimentaria”. Por el contrario: cada vez hay más hambre y pobres en un país agroexportador, mientras el gobierno favorece a los grandes pulpos del negocio agroalimentario, desde la producción, industrialización, exportación y comercialización. Están pensando en destinar esa plata para pagar los abultados vencimientos de deuda externa que tienen en este segundo semestre y seguir alimentando la caja destinada al clientelismo político.
Impuestos progresivos y retenciones segmentadas
La crisis ha desatado una puja interburguesa. Los distintos sectores empresariales, pretenden que el estado use los dineros que tendrían que cubrir las necesidades sociales, para cubrir sus pérdidas o bajas de rentabilidad. Y como la caja se achicó eso significa lisa y llanamente que la crisis la paguen los trabajadores y el pueblo.Nosotros, por el contrario, proponemos una política de impuestos progresivos. Así como hay que descargar fuertes impuestos sobre la renta petrolera, minera o financiera, que el gobierno obvia, en la producción agropecuaria los pooles de siembra y los grandes productores nucleados en la Sociedad Rural y demás entidades, deben pagar aún más impuestos, más retenciones, no menos. Y en el caso de los trabajadores y la mayoría del pueblo nosotros proponemos la eliminación del IVA para los artículos de primera necesidad.La política impositiva que nosotros defendemos implica que todos los productores agropecuarios tienen que pagar impuestos y retenciones, con la diferencia que los que más tienen, más tienen que pagar, aplicándoles impuestos progresivos, que de ninguna manera, pueden ser iguales a los montos que deben pagar los pequeños. Las retenciones deben ser segmentadas, móviles según el tenor de los precios internacionales, regionalizadas y coparticipables. Y, como todos los impuestos, deben estar controladas por las organizaciones obreras y populares para que su destino sea las necesidades de los de abajo y no la caja política del gobierno de turno. En el camino de una reforma agraria integral, que termine con los grandes capitalistas usureros del campo, la propiedad terrateniente, la extranjerización de la tierra, los pooles y monopolios agroalimentarios.
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