El próximo lunes 31 de agosto comenzarán los primeros jucios en la ciudad de Rosario contra los genocidas de la última dictadura militar, por crímenes de lesa humanidad. Después de más de 30 años de impunidad, que incluyeron los vergonzosos indultos y las nefastas leyes de Obediencia Debida y Punto Final, estos genocidas serán llevados finalmente a juicio.
Las causas contra los genocidas
El Tribunal Oral Federal 1 de Rosario decidirá sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ex fábrica militar Domingo Matheu, y en los centros de detención que funcionaron bajo los nombres de Quinta de Funes, La intermedia, Escuela Magnasco y La Calamita.
Quienes serán juzgados son el ex teniente coronel Pascual Guerrieri, el ex mayor Jorge Fariña, el ex teniente Juan Amelong y los agentes civiles Walter Pagano y Eduardo Costanzo, quienes están alojados en el penal bonaerense de Marcos Paz.
Las causas han sido unificadas en dos expedientes. En la causa por Testoni, los ex miembros del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército están imputados por los homicidios de Ariel Morandi y Susana Miranda y otros casos de privación ilegal de la libertad, amenazas y tormentos, en donde fueron víctimas Adriana Arce, Ramón Verón, Juan Riveros, Olga Moyano y Hilda Cardozo. A su vez, en la causa Guerrieri se enjuiciarán los crímenes de Fernando Dussex, Eduardo Toniolli, Alicia Gutiérrez, Sebastián Alvarez y María Cecilia Nazábal.
Guerrieri, un ex agente del Batallón de Inteligencia 601 y jefe del centro clandestino de detención Quinta de Funes, fue uno de los principales lugartenientes de Guillermo Suárez Mason, ex jefe del Primer Cuerpo del Ejército. Está acusado además de intervenir a mediados de 1983 en el secuestro en el bar Magnum, de Córdoba y Ovidio Lagos, de los montoneros Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, que un día después aparecieron muertos en un supuesto enfrentamiento, episodio en el que también figura como implicado el ex subcomisario Luis Patti.
Alerta y movilización para impedir la impunidad
Quienes serán juzgados son el ex teniente coronel Pascual Guerrieri, el ex mayor Jorge Fariña, el ex teniente Juan Amelong y los agentes civiles Walter Pagano y Eduardo Costanzo, quienes están alojados en el penal bonaerense de Marcos Paz.
Las causas han sido unificadas en dos expedientes. En la causa por Testoni, los ex miembros del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército están imputados por los homicidios de Ariel Morandi y Susana Miranda y otros casos de privación ilegal de la libertad, amenazas y tormentos, en donde fueron víctimas Adriana Arce, Ramón Verón, Juan Riveros, Olga Moyano y Hilda Cardozo. A su vez, en la causa Guerrieri se enjuiciarán los crímenes de Fernando Dussex, Eduardo Toniolli, Alicia Gutiérrez, Sebastián Alvarez y María Cecilia Nazábal.
Guerrieri, un ex agente del Batallón de Inteligencia 601 y jefe del centro clandestino de detención Quinta de Funes, fue uno de los principales lugartenientes de Guillermo Suárez Mason, ex jefe del Primer Cuerpo del Ejército. Está acusado además de intervenir a mediados de 1983 en el secuestro en el bar Magnum, de Córdoba y Ovidio Lagos, de los montoneros Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, que un día después aparecieron muertos en un supuesto enfrentamiento, episodio en el que también figura como implicado el ex subcomisario Luis Patti.
Alerta y movilización para impedir la impunidad
No alcanza con saber que finalmente serán llevados a la justicia, ya que estas causas están atravesadas por todo tipo de demoras y obstrucciones desde su inicio. Por ejemplo, los organismos de Derechos Humanos han denunciado la actitud reticente de la justicia que decidió el traslado de documentación vital para la causa impidiendo a los querellantes fotocopiar y digitalizar esta información, que puede ser clave no sólo para estos juicios, sino para encarcelar y castigar a otros genocidas.
Por otra parte, como denunció Norma Ríos de APDH, por más que estos juicios orales deben ser públicos, se están estableciendo enormes restricciones para el acceso no sólo a los familiares y la comunidad en general sino también a la prensa.
Hay que movilizarse para que las penas sean de carcel común y efectiva, ya que todos sabemos que muchos de los genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad gozan hoy de privilegios como la detención domiciliaria, que violan a la primera oportunidad.
Invitamos a todos el próximo lunes 31/08 desde las 7.30 hs en Tribunales (Av. Oroño 940) a la radio abierta organizada por organismos de DDHH durante todo el día. Es necesario mantener la movilización de toda la comunidad para lograr que efectivamente se haga justicia.
Castigo a los culpables
Cárcel común y pena efectiva
Por la memoria, la verdad y la justicia
No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos
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