Prohibir los despidos por ley

Escribe: Vilma Ripoll

La crisis económica sigue golpeando muy duro contra los trabajadores. Es que para no resignar ni un solo peso de sus ganancias, los capitalistas pretenden “bajar costos” mediante miles y miles de despidos y suspensiones. Con tal de salvarse ellos, quieren que otra vez el hilo se corte por lo más delgado. Los socialistas pensamos exactamente lo contrario. Que esta crisis la tienen que pagar los mismos que la causaron: los grandes empresarios, banqueros y terratenientes. O sea, los capitalistas nacionales y extranjeros que todos estos años se llenaron de plata a costa de nuestro trabajo, causaron el desastre y ahora, cuando se vino la mala, quieren dejar el tendal de gente en la calle...

Según el INDEK, el desempleo y la pobreza bajaron y casi no hay inflación. Pero la vida real, vos los sabés bien, es muy distinta al verso del gobierno. De un año para acá hubo casi medio millón de despidos, sumando puestos en blanco y en negro. Y no son meras estadísticas. Son casi 500.000 compañeras y compañeros, de carne y hueso, con nombre y apellido, con una vida, familia, hijos. Quizás te haya tocado padecer esta situación a vos, o a algún familiar, vecino o amigo. Cuando con los compañeros Alejandro Bodart y Marcelo Parrilli presentamos este proyecto en el Congreso hace cinco meses, en mayo pasado, lo hicimos convencidos de que frente a la ola de despidos hay una sola salida: prohibirlos por ley, para proteger todos y cada uno de los puestos de trabajo. Y si es una gran empresa y se niega a cumplir, hay que expropiarla y producir bajo control obrero. Días atrás adhirió a nuestro proyecto la diputada nacional Fernanda Gil Lozano (Coalición Cívica), a quien le agradecemos, estando así en condiciones formales de ser tratado.
Cristina Kirchner y sus funcionarios, que por ese entonces negaban la recesión, ahora se la pasan diciendo que este gobierno “cuida el empleo”. ¡Será el empleo de ellos mismos, porque cuando la gente salió a luchar en Terrabusi lo que mandaron es la represión! El gobierno apenas “cuida” precariamente unos pocos puestos, subsidiando a empresas mediante el Repro.
¿Y la dirigencia sindical? La burocracia de la CGT hace rato que está vendida a las patronales. Y su diputado, el kirchnerista Héctor Recalde, únicamente propone restablecer por seis meses la doble indemnización por despido. A su vez la conducción de la CTA, si bien declaró que habría que prohibir los despidos, tampoco moviliza para lograrlo. Y el proyecto de su diputado Claudio Lozano (Proyecto Sur) acepta el “procedimiento preventivo de crisis”: si la empresa prueba en juicio que necesita echar o suspender para seguir su actividad, puede hacerlo.
“Encarecer” los despidos o ir a juicios donde las patronales “prueben” su crisis no son una verdadera solución. Y además, como se demostró en Kraft, los grandes pulpos se burlan de las resoluciones y las multas. ¡Si despiden, hace falta imponerles una sanción dura como la nacionalización por ley! Como decimos en los fundamentos de nuestro proyecto: “Por eso planteamos la prohibición y, ante los casos de incumplimiento, tres alternativas a cargo del Estado para empresas pequeñas, medianas o grandes, y que abarcan hasta la nacionalización bajo el control de sus trabajadores.
Por eso decimos: “Sabemos que no será fácil conseguir que este proyecto de ley sea debatido y aprobado. Pero tampoco resulta imposible. Cuando se logra unir voluntad política y movilización popular, lo que parece imposible se vuelve posible.”
Como siempre, el único camino es la organización y la movilización de los trabajadores. Si los dirigentes hacen algo, será por presión de las bases. Junto a enfrentar los despidos en cada empresa o gremio, hay que luchar por una solución de fondo. Ponemos nuestro proyecto de ley como una herramienta a disposición de todos los delegados y activistas del país que quieran unir fuerzas para terminar definitivamente con el flagelo de los despidos. 

Proyecto Ley de Defensa del Empleo

Artículo 1º. A partir de la sanción de la presente ley quedan prohibidos los despidos y suspensiones en todo el territorio nacional.
Artículo 2º. La presente ley se aplica:
a. A todo el sector público nacional, incluidos los organismos descentralizados y desconcentrados, y las sociedades del Estado.
b. Al sector privado de todo el país, con excepción de las entidades sin fines de lucro.
Artículo 3º. En caso de incumplimiento de lo establecido en el artículo 1º, se procederá del siguiente modo según la categorización de empresas vigente:
a. Gran empresa. Pasará a manos del Estado nacional, sin pago alguno de indemnización y bajo el control de sus trabajadores.
b. Empresa mediana. Se le aplicará sanción en base a criterios de progresividad. Las sanciones van desde multa, con obligación de reintegrar al trabajador, hasta la nacionalización descripta en el inciso a.
c. Pequeña empresa. El Estado nacional implementará un programa de subsidios reintegrables a fin de preservar los puestos de trabajo. En caso de despido, la empresa deberá reintegrar al trabajador y abonar una multa.
Si una empresa quiebra, cierra o amenaza con hacerlo, se procederá del mismo modo que en el inciso a.
Artículo 4º. Ínstase a todas las provincias del país y a sus municipios a adherir a la presente ley a fin de asegurar la estabilidad de sus trabajadores estatales.
Artículo 5º. Deróganse todas las normas que se opongan a lo establecido por la presente ley.
Artículo 6º. El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará la presente ley en un plazo máximo de treinta (30) días a partir de su sanción. La ausencia de reglamentación no impide la aplicación de la ley.
Artículo 7º. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.