Escribe: Pablo Vasco
¿Cuándo y quiéndebe debatir?Cuando presentó su proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA), Cristina dijo que “no se puede confundir libertad de prensa con libertad de los propietarios de la prensa” y alentó a que “la voz de todos y de todas pueda ser escuchada”. Imposible no coincidir con esas frases.Pero es difícil que la nueva ley permita oír “la voz de todos y de todas” si el debate previo se cierra apenas abierto, en 10 días como pretenden los K.A su vez rechazamos de plano la postura de la oposición de derecha (PRO, UCR, Coalición Cívica), que quiere postergar todo hasta el nuevo Congreso para no cambiar nada. Carrió lo dijo clarito: “No tenemos ningún problema en defender a los llamados grupos económicos para defender la libertad de expresión”. En realidad ella, como el macrista Federico Pinedo y el radical Gerardo Morales, en nombre de la “libertad de prensa” defienden la vieja ley y los actuales monopolios. Pero a mayor concentración, menor libertad. Los grandes medios, que son unas pocas y grandes empresas vinculadas a las otras grandes empresas de todos los rubros, manipulan la información y condicionan o censuran a los periodistas.El problema de fondo acá no es de plazos, sino que esta discusión debe ir mucho más allá del Congreso y abarcar al conjunto de la sociedad. Algunos foros y audiencias públicas resultan muy insuficientes para poder hablar de una participación real. Una ley de esta magnitud requeriría abrir un amplísimo debate democrático -en universidades, escuelas, sindicatos, clubes, barrios- y dar espacio en los medios masivos para las distintas posiciones. ¡Si se está por cambiar una ley estratégica, que además rige desde hace casi 30 años, bien se podrían destinar algunos meses a que todo el pueblo pueda conocer el proyecto y opinar sobre las cuestiones fundamentales!
Derogar la ley de la dictadura
La Ley 22.285, sancionada en 1980 por la última dictadura militar, debe ser derogada. Pero rechazamos el chantaje político que hacen los K para tratar de imponer la falsa disyuntiva “nosotros o la dictadura”.Si esa vieja ley sigue en pie es porque desde 1983 el PJ y la UCR no la derogaron. Es más: la ley original prohibía que un medio gráfico pudiese entrar a la radiodifusión y que un mismo propietario tuviese más de tres licencias. Con la Ley de Reforma del Estado, Menem eliminó esas trabas y permitió la creación de los grupos Clarín y Telefé. Con la reforma de la Constitución en 1994 entró en vigencia un tratado “recíproco” con EE.UU. que legalizó el ingreso del capital extranjero. El Decreto 1005/99 de Menem amplió esa extranjerización y elevó el tope de licencias a 24, como rige hasta hoy.Néstor Kirchner no sólo no derogó ese decreto de Menem, sino que con su Decreto 527/05 prorrogó por 10 años todas las licencias de los mismos grandes grupos que hoy critica. Y en diciembre de 2007, ya bajo mandato de Cristina, se autorizó la fusión de Cablevisión y Multicanal con la cual el multimedios Clarín monopolizó casi el 50% del cable… ¡Y ahora los K se hacen los “paladines de la democracia” cuando son ellos, junto a todo el PJ y la UCR, los que mantuvieron y reformaron para peor la ley de la dictadura y favorecieron la concentración!Como millones de personas, los socialistas del MST estamos a favor de derogar la vieja ley y democratizar de verdad la información. Ahora bien: ¿el proyecto K apunta a eso o no? ¿Es un buen proyecto, y a lo sumo habría que corregirle algunas cuestiones secundarias? ¿O es malo y tramposo? ¿Cuál sería entonces la alternativa que garantice una plena libertad de expresión?
Más que chau Clarín… ¡hola Telefónica!
La primera gran trampa del proyecto K, que ahora le critica hasta la derecha, es que si bien implica un recorte de poder al Grupo Clarín1 y otros grupos… permite el ingreso de otros monopolios al gran negocio del cable: las telefónicas. O sea, achica a un pulpo para abrirle paso a otros, como Telefónica, Telecom o quizás Telmex, la empresa del magnate mexicano Carlos Slim, amigo de los Kirchner. El propio texto reconoce que esta propuesta surge de la poderosa cámara patronal CICOMRA2.Ante las críticas, ahora seguro agregarán alguna restricción menor (que Telefónica venda las acciones de Telecom Italia que compró) o alguna frase de maquillaje. Pero los K ya dijeron que no van a ceder en este núcleo duro de que las telefónicas -que ya tienen canales de aire como Telefé- puedan entrar al gran negocio del cable.Quizás alguien se puede preguntar de buena fe si el proyecto K, aun beneficiando a las telefónicas, no es más progresivo que la ley actual. Pensemos un momento: ¿qué “progreso” significativo sería que en vez de 6 ó 7 grupos dominantes haya 8? ¿Acaso los grandes capitalistas no terminan siempre arreglando entre ellos, en perjuicio de los intereses de las mayorías?El proyecto oficial, con su artículo 25 inciso III, le abre de par en par el multimillonario mercado del cable a los pulpos telefónicos. Ellos serían los mayores beneficiarios del triple play (telefonía, internet y TV por cable en un mismo soporte). ¿Casualidad? ¡Para nada! “En febrero de este año, en Madrid, las partes confesaron la jugada con un anuncio que sorprendió por su ostensible ilegalidad: el presidente de Telefónica, César Alierta, junto al ministro Julio De Vido, dio a conocer el plan de inversiones de 1.700 millones de pesos para este año, que incluía el desarrollo de la infraestructura para la implementa-ción del Triple Play, algo que prohíbe la legislación vigente” (Crítica, 8/9).Tal como lo leíste: los K cocinaron todo con Telefónica. Más que ‘pingüinos’ son teros: su ruidosa campaña contra el Grupo Clarín es para camuflar esta entregada a otros monopolios amigos.
El verso de los tres tercios
Otro eje de la propaganda K es que su ley repartiría el espacio en tres partes iguales entre el Estado, las organizaciones sin fines de lucro y el sector privado. Es un verso total. El art. 80 inc. f, solamente reserva “el 33% de las localizaciones radioeléctricas… para personas de existencia ideal sin fines de lucro (cultos religiosos, sociedades de fomento, mutuales, asociaciones civiles, sindicatos y otros participantes de la vida cultural argentina)”.Pero sería una quimera creer que esa “reserva” será igual para todos. Entre las entidades sin fines de lucro hay una cantidad de fundaciones y ONGs ligadas a las grandes empresas multinacionales y nacionales. A su vez el art. 31 le reserva un espacio especial a la Iglesia Católica, no a las comunidades de base ni a los curas de las villas. Y cuando se habla de sindicatos, ya sabemos que seguro habrá frecuencias para la burocracia de la CGT y los gremialistas amigos del poder, pero no para los sectores de oposición, como el nuevo sindicato del subte -al que ni la personería gremial le quieren reconocer- ni para las comisiones internas combativas.Para el Estado nacional, el proyecto reserva “las frecuencias necesarias para Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado y sus repetidoras” (o sea Canal 7 y Radio Nacional) y también para las provincias, municipios, universidades nacionales y pueblos originarios. Pero no se sabe si esto suma o no otro 33%.Y para el sector privado, los límites que fija el proyecto son en cuanto al máximo de licencias por propietario (10) o que quien tenga un canal abierto de TV no podrá ser operador de cable. Pero tampoco dice nada de ponerles como tope el 33% del total de frecuencias. En conclusión, los famosos “tres tercios” quedan en una nebulosa para nada inocente.Estos puntos oscuros tienen relación directa con quién es la autoridad de aplicación. Según el art. 14 tendrá 5 miembros: 3 por el Poder Ejecutivo y 2 por la oposición. Con esa mayoría, el gobierno de turno podrá decidir todo sobre la aplicación, la interpretación y el control de la ley. Y el art. 80 indica que “la Autoridad de Aplicación podrá disponer de las reservas para su adjudicación a otros interesados por motivos de mejor administración del espectro”…A esto se suma la cuestión clave de la digitalización, paso obligado del viejo sistema analógico al digital. Como tiene un costo altísimo, sólo podrán modernizar su tecnología las grandes empresas3.Entonces imaginate: si la autoridad es el gobierno; si además puede adjudicar frecuencias a “otros interesados”; si entre las entidades prevalecen la Iglesia, la CGT y las fundaciones; si no se sabe qué porcentaje real tienen el Estado y los privados; si dejan entrar a los pulpos telefónicos; y si encima sólo las grandes empresas pueden digitalizar, queda claro que con la ley K el sector privado seguirá siendo dominante, y los medios comunitarios y las organizaciones sociales quedarán relegados.
1 Podría perder el 90% de las 264 licencias que posee. La mayoría de ellas son de cable, negocio donde a través de 5 operadoras concentra el 47% de los abonados del país.
2 Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina, entre cuyos principales socios están Telefónica, Telecom y todas las multinacionales del sector.
3 Según el art. 84, el 10% del impuesto a la TV abierta y de señales irá a “proyectos especiales... y apoyo a medios de fomento, comunitarios y de los pueblos originarios con especial atención a colaborar en los proyectos de digitalización”. Más allá de lo dudoso de esos ‘proyectos especiales’, no es igual ‘colaborar’ en la digitalización de algunos amigos del poder que garantizarla para todos los medios sin fines de lucro.
